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Un cajero automático en Narboneta

Cayetano J. Solana Cayetano J. Solana

El artículo 140 de la Constitución Española habla de la garantía de autonomía de los ayuntamientos y de que estos gozarán de personalidad jurídica plena. Les faltó a los célebres padres de la Constitución apostillar, en su obra magna, que "los ayuntamientos deberán ser omnipotentes ante las exigencias vecinales y cubrir toda omisión o dejadez de funciones de otras administraciones o entidades competentes".

Así, puedes recurrir a tu ayuntamiento si no tienes señal en la tele, si has perdido la cobertura del móvil, si ves un coche sospechoso en la calle, si tienes un problema de lindes con el vecino, si un primo no toma su medicación mental, si no entiendes una carta que te ha llegado por correo y ahora, también, si necesitas dinero en efectivo. Un alcalde, en consecuencia, tiene que estar preparado tanto para amortajar a un difunto como para preparar una paella gigante en las fiestas y ahora, también, para calcular comisiones bancarias y tipos de interés.

En una reciente noticia difundida por el gobierno de Castilla-La Mancha, este celebra que “va a instalar un centenar de cajeros automáticos en zonas despobladas para contribuir con medidas reales al desarrollo rural”. Añade el gobierno que esta solución forma parte de “los compromisos prioritarios adquiridos en la flamante Ley regional contra la Despoblación”. Pioneros en legislación y en poca vergüenza.

Lo que no explica la noticia es que cada uno de estos cajeros automáticos va a suponer un coste para los ayuntamientos “beneficiarios” de 800 euros mensuales en concepto de instalación y mantenimiento y que va a incluir, para los clientes, una comisión por operación de 1,35 euros. En resumen, sale García-Page a ponerse la medalla de que va a facilitar el servicio bancario en los pueblos “vaciados” y, al tiempo, pasa la factura a los ayuntamientos correspondientes vía grupos de acción local.

Estos cajeros automáticos se instalarán, según la información disponible, "en dependencias municipales”, es decir, en los humildes ayuntamientos de pequeños municipios. Resulta evidente que los vecinos pensarán que se trata de otro servicio municipal. Y no hace falta ser muy perspicaz para anticipar que el abuelo pedirá al administrativo del lugar que le ayude a sacar dinero y que si el cajero no funciona un domingo por la tarde irán a buscar al alcalde para exigir su necesidad urgente de efectivo porque mi hijo universitario se va en un rato a Valencia y le tengo que dar cuartos. Huelga añadir que el cobro automático de la comisión provocará que el cliente refunfuñe entre dientes contra el alcalde.

El gobierno ha encontrado, así, una solución mágica a la célebre reivindicación de “somos mayores, pero los bancos nos tratan como a tontos” en la que, en esencia, las personas mayores piden atención presencial humana en las oficinas bancarias. La propuesta de García-Page y Martínez Guijarro pasa, como vemos, porque esa atención presencial no la preste la banca sino el ayuntamiento del municipio despoblado.

Donde un ayuntamiento sin recursos ofrece, con innegable buena voluntad de servicio, una nueva prestación ajena a sus competencias nace un nuevo desvelo para la gestión municipal: un nuevo bocadillo para el crecimiento del inconmensurable monstruo de la administración local.

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