QUIEN DEMUESTRA DESLEALTAD E INSOLIDARIDAD CON LA PROVINCIA ES QUIEN LA SANGRA A CUOTAS EN EL CONSORCIO CUENCA 112

Los ayuntamientos de la provincia de Cuenca son los que pagan las cuotas más altas de toda España por la gestión del servicio de Bomberos y Protección Civil. Además, la vicepresidenta de la Diputación, Carmen Torralba, pretende que los ayuntamientos den un cheque en blanco al Sr. Priego, cuando debería defender el derecho que tienen todos los ayuntamientos a conocer las cuentas y lo que está sucediendo en el Consorcio “Cuenca 112”.

En los consorcios debe primar la transparencia, la buena gestión y la corresponsabilidad sobre todo lo demás. El grupo de la mayoría socialista debería ser el primer interesado en que los consorcios funcionen bien y no recurrir siempre a la misma cantinela de la lealtad y la solidaridad para defenderse de las críticas. Lo que es insolidario y desleal con la provincia es la gestión manirrota y temeraria del PSOE en el Consorcio “Cuenca 112”.

Los ayuntamientos son libres para buscar continuamente la mejor fórmula de prestar un servicio municipal y al menor coste para sus vecinos. Y sino, que consulte la Sra. Torralba a algunos alcaldes socialistas próximos a la capital que estarían dispuestos a “tomar las de Villadiego” y darse de baja en el “Cuenca 112”, si el PSOE de Cuenca les diera vía libre, ¡claro!

Los estatutos dejan claro que las cuotas de los ayuntamientos que se salgan del Consorcio “Cuenca 112” tiene que asumirlas la Diputación, y no el resto de municipios consorciados. La vicepresidenta dice justo lo contrario con ánimo de meter miedo. De todas maneras y referente a Minglanilla, antes de dar su rueda de prensa y de enviar su artículo, la Sra. Torralba conocía desde el viernes a las 9:34 horas, a través de un fax y de un escrito con registro de entrada en la Diputación, que la petición del pleno del Ayuntamiento de Minglanilla fue solicitar la reducción de las cuotas al objeto de equipararse a la media nacional, y que mientras que no se pronunciara el Pleno Municipal de este ayuntamiento que no se tramitara la baja en el Consorcio. Es decir, la Sra. Torralba ocultó deliberadamente esta información para pretender hacer creer que el Ayuntamiento de Minglanilla se saldría del Consorcio y así acusar al alcalde de ser insolidario con la provincia, cuando lo que pretende, y así se le explicaba en el citado escrito, es precisamente todo lo contrario, que se aplique una reducción de cuotas por un servicio que en bastantes provincias es incluso gratuito. ¿Quiénes son entonces los insolidarios y desleales?

Lo del Sr. Priego es más patético si cabe. Para su Grupo, el GMS, era habitual prorrogar los presupuestos del Ayuntamiento de Cuenca, pero ahora tras el informe del Tribunal de Cuentas todos sabemos lo negativo de convertir la excepción en costumbre. Lo mismo que prorrogar operaciones de tesorería, que ahora dice -Javier Priego- que se viene haciendo desde el año 2003. Esto es cuanto menos irregular, y peor aún es cuando afirma que el interventor sólo hace advertencias de tipo legal. Debería saber que las advertencias de los secretarios e interventores sólo se hacen cuando hay claros visos de ilegalidad. Por eso, ya no solicita informes de ningún tipo.

Desde el Grupo Popular, les vamos a pedir, por última vez, al Presidente y Vicepresidente del Consorcio “Cuenca 112” que nos entreguen copia de la documentación solicitada y a la que están obligados estatutariamente y por ley, para que el Grupo Popular pueda analizarla con detalle y detenimiento. Es lo menos que esperamos, cuando llevan dos años sin dar cuenta de los decretos y resoluciones, por ejemplo. Si no lo hacen, será un juez el que les obligue y, llegado el caso, les condene nuevamente. La negativa injustificada a facilitar información y muchas de sus prácticas pueden ser constitutivas de hechos delictivos.

Hay más de quince razones para que el Sr. Priego se marche del Consorcio, por dimisión o por cese. Las quince que ha dado el Grupo Popular están más en vigor que nunca, y son: primero, incompetencia y condenas en materia de personal; segundo, omisión de la obligación de presentar unos presupuestos, las cuentas anuales y las liquidaciones; tercero, incumplimiento de acuerdos de la Junta General; cuarto, irregularidades contables y graves perjuicios a las arcas municipales; quinto, incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; sexto, no hacer un plan de saneamiento económico; séptimo, no presentar la memoria de gestión y las cuentas de cada ejercicio a los ayuntamientos; octavo, incumplimiento de los estatutos del Consorcio; noveno, dejadez de funciones del cargo; décimo, gobierno a espaldas de los ayuntamientos; décimo primero, incumplimiento de los acuerdos con los representantes de los trabajadores; décimo segundo, despilfarro del dinero público; décimo tercero, ocultación de información a la oposición y a los ayuntamientos; décimo cuarto, subida salarial en contra la Ley de Presupuestos, y décimo quinto, dejadez y abandono.

Ésta no es la transparencia ni la gestión que el Sr. Presidente de la Diputación prometió el día de su toma de posesión. Por ello, Sr. Ávila, o pone fin a esta situación o lo harán los tribunales. Y en última instancia, los conquenses, como hicieron en la capital en 2007.


Grupo Popular en la Diputación Provincial de Cuenca