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Lapeña acusa a Sánchez de querer cambiar las reglas a mitad de partido: “Las elecciones se ganan en las urnas, no retocando el censo desde un despacho”

El secretario general del PP de Cuenca destaca que el Supremo ha dado cinco días a los ministros de Justicia y Exteriores para entregar la relación nominal de los 163.020 afectados, con fecha límite el 28 de octubre.

El secretario general del Partido Popular de Cuenca y director de Campaña, Martín Lapeña, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla las resoluciones judiciales sobre el voto exterior de la conocida como Ley de Nietos, después de que el Tribunal Supremo haya requerido a los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores que entreguen, en un plazo de cinco días, la relación nominal de las 163.020 personas afectadas. El plazo finaliza el próximo 28 de octubre a las 15:00 horas.

Según ha explicado el dirigente del PP, el nuevo requerimiento, notificado el 23 de octubre, advierte de que el incumplimiento podría acarrear multas coercitivas y responsabilidades penales. Además, ha apuntado que el Supremo ha precisado que la inclusión provisional en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) no garantiza que los afectados puedan ejercer su derecho al voto.

Para Lapeña, esta situación evidencia la falta de garantías en la gestión del Gobierno. “Sánchez está dispuesto a llevarlo todo al límite con tal de mantenerse en el poder. Las Cortes aprobaron una ley para los descendientes del exilio y el Gobierno, con una simple instrucción, le cambió la letra pequeña. Y esa letra pequeña se ha colado en el censo a un mes de votar. Que nos expliquen quién la escribió y para qué”, advertía.

El secretario del PP de Cuenca ha recordado que la controversia surge de la aplicación de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que reconoce el derecho a la nacionalidad española a determinados descendientes de quienes la perdieron como consecuencia del exilio. Sin embargo, una instrucción posterior del Ministerio de Justicia presumió esa condición en quienes abandonaron España entre 1936 y 1955, sin exigir en todos los casos la acreditación documental de las circunstancias de su salida.

Lapeña ha insistido en que el censo electoral debe ofrecer todas las garantías y mantenerse al margen de intereses partidistas. Ha recordado que el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el voto de las inscripciones afectadas y rechazó levantar la medida al apreciar un “peligro fundado, real y serio” para el proceso electoral. A ello, se suma el rechazo del Tribunal Constitucional, por diez votos frente a dos, al recurso presentado por el Defensor del Pueblo, el exministro socialista Ángel Gabilondo.

“Si el Supremo te dice dos veces lo mismo y el Constitucional le cierra la puerta al Defensor del Pueblo, a lo mejor el problema no lo tienen los tribunales. Ahora, además, el Supremo tiene que volver a requerir al Gobierno para que identifique a los afectados y le advierte de las consecuencias de no cumplir. Albares dice que nadie está obligado a lo imposible. Imposible es pedirle a la gente que se fíe de un Gobierno que ha tenido cuatro años para hacer las cosas bien. El Gobierno tiene que dar la cara”, afirmaba.

El también coordinador de Campaña del PP de Cuenca ha defendido que los descendientes del exilio recuperen la nacionalidad española cuando cumplan los requisitos legales. “Nosotros no hablamos de fraude. Hablamos de cumplir la ley, que es lo que dice el Supremo. Nadie cuestiona que los descendientes del exilio puedan recuperar la nacionalidad. Lo que exigimos es que se respeten los requisitos legales y que el censo electoral tenga las garantías que necesita cualquier democracia”, subrayaba.

Por último, Lapeña ha respaldado las iniciativas del secretario general del PP, Miguel Tellado, para exigir al Gobierno que cumpla las resoluciones judiciales y ha criticado que tenga que ser el Supremo quien reclame información esencial sobre los electores afectados. “El PSOE se dedicó a recoger firmas contra el Supremo y a buscar atajos en el Constitucional. Nosotros solo pedimos que se cumpla lo que dicen los tribunales. El Gobierno tiene hasta el 28 de octubre para entregar la relación de los afectados, sin más excusas. En Cuenca, donde un escaño se puede decidir por un puñado de votos, sabemos que las elecciones se ganan en las urnas, no retocando el censo desde un despacho”, concluía.

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