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Oliver: “No se puede presumir de inclusión mientras se condena a los orientadores a atender a más de mil alumnos en algunos centros”

Los populares alertan de que la escasez de profesionales y la sobrecarga burocrática están deteriorando la atención educativa, emocional y familiar en los centros de la provincia.

El Partido Popular de Cuenca ha exigido al Gobierno de Emiliano García-Page que deje de ignorar la situación límite que atraviesan los orientadores educativos de Castilla-La Mancha y adopte medidas urgentes para reforzar un servicio que consideran esencial para garantizar la calidad educativa, la atención a la diversidad y el bienestar emocional del alumnado.

 

La vicesecretaria de Educación y portavoz provincial del Partido Popular de Cuenca, Raquel Oliver, ha advertido de que la situación en la provincia conquense resulta especialmente preocupante debido a su carácter rural, a la dispersión geográfica de los centros y a la insuficiente dotación de profesionales para atender unas necesidades que no dejan de crecer.

 

“Mientras en otras comunidades autónomas se denuncian públicamente ratios de 350 alumnos por orientador, en Castilla-La Mancha se están normalizando situaciones mucho más graves, con profesionales que en algunos centros tienen que asumir la atención de más de mil estudiantes. Es una realidad insostenible que hace imposible ofrecer una atención personalizada y de calidad”, señalaba Oliver.

 

La dirigente popular ha recordado que los orientadores desempeñan una labor fundamental en ámbitos tan sensibles como la inclusión educativa, la atención al alumnado con necesidades específicas, la prevención del abandono escolar, la convivencia, la orientación académica y profesional o el acompañamiento emocional de los estudiantes y sus familias. Sin embargo, ha lamentado que el gobierno socialista de Page continúe incrementando la carga de trabajo de estos profesionales sin acompañarla de más recursos humanos y materiales.

 

“Hablar de salud mental, de inclusión o de igualdad de oportunidades queda vacío de contenido cuando quienes tienen que sostener esas políticas trabajan completamente desbordados. No se puede exigir más funciones a los orientadores mientras se les niegan los medios necesarios para desarrollarlas”, afirmaba.

 

Un modelo educativo lleno de burocracia y falta de respeto profesional.

 

Desde el Partido Popular consideran que la reciente polémica generada por la implantación de nuevos procedimientos administrativos en Delphos ha servido para poner de manifiesto un problema mucho más profundo. Según Oliver, el conflicto no responde a un rechazo de la digitalización por parte de los profesionales, sino al cansancio acumulado por un colectivo que arrastra desde hace años una creciente burocratización y una falta evidente de personal.

 

“La cuestión ya no es solo de recursos. También es una cuestión de respeto profesional. Los orientadores denuncian que en numerosas ocasiones se desautoriza su criterio técnico y se desoyen decisiones adoptadas de forma colegiada con los equipos educativos y las familias. Eso genera frustración y debilita un modelo educativo que debería apoyarse precisamente en sus profesionales especializados”, explicaba.

 

Oliver ha subrayado además que la situación de Cuenca requiere una respuesta diferenciada por parte de la Consejería de Educación. La provincia cuenta con miles de alumnos repartidos en un territorio extenso y con numerosos centros rurales, una circunstancia que obliga a muchos orientadores a desplazarse continuamente entre localidades, reduciendo el tiempo efectivo de atención al alumnado y dificultando el seguimiento de los casos.

 

“En una provincia como Cuenca, la orientación educativa no puede medirse únicamente por el número de alumnos. Hay que tener en cuenta las distancias, la itinerancia y la complejidad de los entornos rurales. Los problemas de aprendizaje, salud mental, absentismo o convivencia no pueden esperar a que el orientador vuelva la semana siguiente al centro”, señalaba.

 

Por todo ello, el Partido Popular de Cuenca reclama a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la regulación de una ratio máxima de alumnado por orientador, el incremento inmediato de las plantillas, la incorporación de segundos orientadores en los centros de mayor tamaño o complejidad y una revisión específica de las necesidades de la provincia de Cuenca.

 

“El modelo inclusivo que tanto proclama el Gobierno socialista solo será creíble cuando esté respaldado por profesionales suficientes, valorados y respetados. La orientación educativa no es un lujo ni un servicio complementario: es una pieza esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y el éxito educativo de nuestros jóvenes”, concluía Oliver.

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