La senadora del Partido Popular por Cuenca, María Jesús Bonilla, ha denunciado en el Pleno del Senado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha obligado a millones de conductores a adquirir la baliza V16 “de legalidad cuestionada, de eficacia sin probar y con problemas en las homologaciones”, sin haber notificado previamente la medida a la Comisión Europea. Ha subrayado que “los ciudadanos no merecen que se les mienta, negligencias en la gestión de sus intereses y su seguridad, no merecen más cargas económicas ni desigualdad frente a otros europeos”.
Bonilla ha afirmado que Marlaska “no puede seguir ni un minuto más al frente de su responsabilidad”, recordando que expertos en seguridad vial y la propia Guardia Civil (AUGC) han puesto en duda la eficacia técnica del dispositivo. “¿Dónde están los informes técnicos independientes que avalen esta medida? ¿Por qué no los publica?”, denunciaba la senadora, tras recordar que la DGT ha retirado homologaciones y que miles de ciudadanos habían comprado balizas que ya no son válidas.
La parlamentaria conquense ha advertido de que la implantación de la V16 supone un coste estimado de más de 1.500 millones de euros para los conductores, mientras Hacienda ingresará alrededor de 300 millones solo en IVA. Ha cuestionado si esta medida responde a criterios de seguridad vial o si se trata de una decisión orientada a la recaudación, y ha denunciado la desigualdad que genera, ya que los vehículos extranjeros podrán seguir utilizando triángulos de emergencia sin ser sancionados.
Bonilla ha recordado que la Comisión Europea ha confirmado que España no siguió el procedimiento obligatorio de notificación antes de imponer la baliza conectada. Tras escuchar al ministro, ha lamentado que no haya aclarado los procedimientos ni aportado informes que justifiquen la medida. Finalmente, la senadora ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska porque tal y como afirmaba “con España y con los españoles ni se juega, ni se experimenta, ni se comercia”.