Martín-Buro lamenta la “injusticia estructural” en los Servicios Sociales y exige a Page la equiparación salarial real de sus profesionales

El diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Antonio Martín-Buro, ha defendido la necesidad urgente de poner fin a la “injusticia estructural” que sufren los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria en la región.

Durante su intervención en las Cortes regionales, Martín-Buro ha denunciado la brecha salarial que existe entre profesionales que realizan las mismas funciones, con la misma responsabilidad y cualificación, pero perciben retribuciones diferentes en función de la administración de la que dependen.

El diputado ‘popular’ ha señalado que esta reivindicación cuenta con un respaldo unánime, tanto de los propios profesionales como de más de 200 ayuntamientos de toda Castilla-La Mancha, independientemente de su signo político.

Igualmente, ha criticado la falta de avances por parte del Gobierno de Page, recordando que, año y medio después de comprometerse a reducir la brecha salarial, “no solo no se ha corregido, sino que se ha agravado”. En este sentido, ha explicado que las subidas porcentuales aplicadas sobre salarios más bajos consolidan la desigualdad, ya que “cada incremento anunciado por el Gobierno es, en realidad, un paso más en la ampliación de la brecha”.

Martín-Buro ha señalado que algunos profesionales de Atención Primaria llegan a cobrar hasta un 40 por ciento menos que otros empleados de la Junta que desempeñan idénticas funciones, situando muchas nóminas en torno a los 1.400 euros mensuales pese a contar con décadas de experiencia.

Además, ha denunciado el modelo actual de gestión, que descarga la responsabilidad en los ayuntamientos, obligándoles a asumir costes y tensiones organizativas en un sistema “ineficiente, desigual y estructuralmente deficiente”, que solo se sostiene “gracias al compromiso de los profesionales y al esfuerzo de las entidades locales”.

Martín-Buro ha dicho que mejorar las condiciones laborales de estos profesionales es clave para garantizar la calidad del sistema público porque “no se puede construir un sistema sólido sobre profesionales precarizados ni exigir excelencia desde la desigualdad”.