El Grupo Popular en la Diputación de Cuenca, a través del diputado provincial Francisco Javier Doménech, ha respondido a las declaraciones realizadas por la delegada provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación con los terrenos de Albaladejito, calificando de “irresponsable” que ahora se hable de estabilidad jurídica cuando fue el propio Gobierno de Page quien permitió su enajenación a manos privadas en el año 2016.
Doménech ha señalado que “si realmente querían asegurar la estabilidad jurídica de los terrenos de Albaladejito, no deberían haber permitido que se vendieran a una empresa privada ya con el gobierno de Emiliano García-Page”. En este sentido, ha recordado que la Junta era la administración que debía haber mostrado interés en mantener la titularidad pública de la finca para seguir prestando servicios públicos vinculados al sector primario.
Para el dirigente popular, “aquella operación fue una clara falta de planificación y de preocupación por el patrimonio público y los servicios que se prestan a nuestros pueblos. La Junta tenía la posibilidad de adquirir la finca y no lo hizo, dando lugar a una operación desafortunada que hoy perjudica a la provincia de Cuenca”.
Desde el Grupo Popular de Cuenca también han criticado que el PSOE “siga instalado en el mantra de culpar al Partido Popular de todos los problemas”, cuando “llevan ya diez años gobernando y han gestionado este asunto de la peor manera posible”.
Además, Doménech ha recordado que la Diputación Provincial de Cuenca, gobernada por el Partido Popular, sí participó en la subasta de la finca de Albaladejito en 2016 con el objetivo de garantizar su titularidad pública. Sin embargo, “de forma cuanto menos sospechosa, el plazo de venta se amplió en el último momento y apareció una empresa privada que acabó adquiriendo los terrenos por una cantidad mínimamente superior a la oferta de la Diputación”.
“Con la permuta de Albaladejito la Junta se enriquece a costa de los municipios”.
El diputado popular ha calificado además la posterior permuta como “una operación de dudoso valor moral”, al considerar que se trata de un intercambio claramente desproporcionado y “sufragado a costa de descapitalizar los recursos de los municipios, recursos que deberían destinarse a mejorar infraestructuras y servicios públicos en nuestros pueblos”.
Asimismo, Doménech ha denunciado que, cuatro años después de aprobarse la Ley que regula la extinción de las Cámaras Agrarias Provinciales, el Gobierno regional “no haya hecho ni el más mínimo gesto para transferir las fincas a los ayuntamientos que así lo deseen”. A su juicio, esta actitud demuestra “la intención de enriquecer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a costa de los municipios”, tal y como, según ha afirmado, ha ocurrido con la permuta de Albaladejito y con la apropiación del patrimonio de las cámaras agrarias provinciales.
Por último, cabe recordar que el diputado regional y presidente del PP, José Martín-Buro ya llevó este asunto a las Cortes de Castilla-La Mancha, donde aseguró que la permuta de la finca de Albaladejiito se realizó “con nocturnidad, opacidad y alevosía administrativa, no dando cuenta a los ayuntamientos afectados”, lamentando que tampoco se haya obtenido ninguna respuesta.