Prieto acusa a la Junta de “no abordar” el problema de la crisis ovina y caprina ya que durante los últimos cinco meses las decisiones adoptadas “no han sido acertadas”
El diputado regional del PP, Benjamín Prieto, ha acusado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de “no abordar el problema de la crisis ovina y caprina con la trascendencia que tenía y mucho menos en la vertiente económica hacia las explotaciones afectadas”. Durante su intervención señaló con respecto a las decisiones que se habían adoptado hasta el momento en todo asunto que “no han sido acertadas y han llegado demasiado tarde”. Lamentó ante los presentes que, en cinco meses, que es lo que lleva conviviendo la región con la enfermedad que llevaba erradicada en España desde 1968, poca información se les ha trasladado a los ganaderos, tan sólo que “su transmisión es a través de contacto, pero sin ofrecer más formación en materia de bioseguridad”. Dio a conocer datos demoledores como en ya son “más de 40.000 animales los que han tenido que ser sacrificados desde el pasado mes de octubre de 2022”.
Durante el debate general incidió en que parar dos meses el comercio de corderos a 6.000 explotaciones “con 3,5 millones de cabezas es muy pretencioso cuando no se ha sido capaz de controlar en las dos zonas de restricción con apenas unas explotaciones”. Prieto afirmó que desde el Gobierno Regional se debe dejar claro si considera la ganadería ovina y, especialmente a la raza manchega, “como un activo clave en nuestra economía, y ahora es momento de demostrarlo”. Con el sacrificio de animales, el sector ha sufrido un duro golpe ya que se han perdido miles de horas de trabajo, de talento, de sacrificio para obtener un ganado selecto y la pureza de la raza manchega. Puso como ejemplos, los más de cuarenta años de ilusión y constancia de “Antonio González en Villaescusa de Haro, y que, además, hacía poco más de un año que abría las puertas de la Quesería Villadharo, o los treinta y cinco años de Gonzalo Lasso de la Vega en Tébar, Esteban y Adela en Alberca de Záncara, u Ovimancha desde Villaescusa de Haro y Sisante”. Así muchas personas que no solo han visto morir sus ovejas, sino que “ven morir el empleo, los pueblos, y que hoy están sumidos en la incertidumbre y la desesperación”.
Después de cinco meses, “no hay tiempo que perder, ni muchas dudas sobre la tragedia que ha supuesto la viruela ovina en nuestra ganadería ovina”. Ahora, conocedores de lo devastadora que es, sólo queda poner los medios necesarios para controlar su expansión, indemnizar a los ganaderos afectados con unas cantidades realistas por el daño sufrido, “daño emergente y lucro cesante", y comprometerse con la recuperación de las ganaderías. Para ello no se puede ofrecer por las ovejas hembras reproductoras unas cantidades que oscilan entre los 80 y los 110 euros, porque se está pagando una tercera parte de lo que es el valor medio de mercado, y una cantidad que mucho dista de los 400 euros que cuesta la reposición de una cordera.
Medidas urgentes
Prieto indicó que debería fijarse urgentemente la cantidad económica a indemnizar por los animales sacrificados y que ésta se adapte al valor real de mercado y al coste de reposición, “contemplando en las indemnizaciones el lucro cesante hasta que se vuelve a alcanzar el nivel productivo anterior”. Asimismo, establecer un sistema de ayudas para la adquisición de hembras y machos de reposición y también “para la adquisición de víveres y otros elementos necesarios para paliar los efectos directos e indirectos de la enfermedad, tales como desinfectantes eficaces y ayudas para L y D”. De igual forma, habría que ampliar los chequeos y estudios para evitar la incertidumbre existente ya que los nuevos focos aparecieron “fuera de la zona de vigilancia, dando a conocer las pruebas a la mayor brevedad posible”.
El diputado regional del PP afirmó que también habría que impulsar y financiar desde el Gobierno Regional la creación de nuevos centros de desinfección y “establecer medidas económicas de compensación para los ganaderos afectados por el confinamiento en caso de inmovilización del ganado”. Por último, durante su intervención, dijo que había que “adoptar medidas basadas en criterios técnicos y fijar un órgano o grupo técnico de referencia, sin adoptar medidas desproporcionadas, estableciendo un sistema de vigilancia adecuado”. En este último mes, más de treinta preguntas se han presentado desde el Grupo Popular para conseguir respuesta a la incertidumbre y dudas de cientos que ganaderos de “nuestra región tienen, y que con el paso del tiempo se van agravando”.
Hubiera sido clave en todo lo ocurrido desde el mes de septiembre, saber por qué motivos, transcurridos dos meses, aparecieron nuevos focos en Alberca de Záncara y Tébar (fuera de la zona de vigilancia) y qué medidas se adoptaron para evitarlo. Así mismo, conocer en qué fecha tiene conocimiento la Administración Regional de que hay un brote de viruela ovina y cuándo toma las primeras medidas. Y saber si la enfermedad ha entrado de terceros países al estar aquí erradicada desde 1968, y, por tanto, existe una falta muy grave de control sanitario fronterizo: ¿se están buscando o han encontrado algunos responsables? Prieto señaló que se debe conseguir la reposición de “nuestra cabaña ganadera, esa es la voluntad de nuestros ganaderos, pero para ello la Administración debe poner en marcha unas medidas económicas justas y compensaciones reales, no las ofrecidas”.
