Bonilla: “Con la Ley de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, hemos conseguido un sistema más solidario, más justo y más fuerte”

La portavoz de Inmigración y vocal de Empleo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y diputada nacional por la provincia de Cuenca, María Jesús Bonilla, ha afirmado que con la entrada en vigor de la Ley de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, “hemos conseguido un sistema más solidario, más justo y más fuerte”.

Tras la celebración de la Comisión de Empleo y Seguridad Social celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados, la parlamentaria del PP ha recordado que el fraude es una de las mayores amenazas al Estado de Bienestar y afecta a los derechos de los trabajadores y a la competitividad de las empresas, por lo que “el éxito en la lucha contra el fraude en el empleo y a la Seguridad Social beneficia a todos”.

Según ha explicado Bonilla, el impacto económico de las medidas y actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social durante los años 2012, 2013, 2014 y hasta julio de 2015, ha sido de 12.822 millones de euros, lo que equivale al coste de más de un millón de pensiones en ese periodo, lo que a su vez refleja que “el Gobierno de Rajoy ha sabido poner freno al problema del fraude laboral”.

La portavoz del PP ha señalado como efectos perniciosos de este fraude, la merma los derechos sociales y laborales, la competencia desleal para las empresas y ciudadanos que sí cumplen sus obligaciones y la gravísima pérdida de ingresos para los recursos de la Seguridad Social.

Por ello, Bonilla ha indicado como desde el primer momento el Gobierno de Rajoy ha apostado por impulsar el afloramiento de la economía sumergida, combatir los supuestos de aplicación y obtención indebidas de bonificaciones y reducciones empresariales a la Seguridad Social, aflorar posibles situaciones fraudulentas en el acceso y la percepción de otras prestaciones de la SS y corregir la obtención y disfrute en fraude de ley de prestaciones, particularmente, en aquellos supuestos en que constituyan empresas ficticias.

Y para ello, recordaba Bonilla, “el Gobierno de España ha modificado la organización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y ha apostado por unas Direcciones territoriales más eficaces y operativas, ha incorporado nuevos efectivos al sistema de inspección (53 inspectores y 60 subinspectores), ha realizado nuevas campañas de inspección, donde están identificadas posibles bolsas de fraude y, muy importante, está realizando un control y seguimiento del empleo aflorado”.