El PP afirma que Ávila podría haber prevaricado para enchufar a ex trabajadores del Centro de la Mujer
El Grupo Popular ha acusado hoy al alcalde de Cuenca Juan Ávila de haber cometido un posible delito de prevaricación con la decisión de no recurrir una sentencia judicial que supondrá que el ayuntamiento incorpore a su plantilla a cinco ex trabajadores del Centro de la Mujer que no tenían vinculación laboral alguna con el consistorio, ni habían pasado por ningún proceso de selección. Así lo han dado a conocer hoy el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento Pedro J. García Hidalgo y el concejal Carlos Navarro en una rueda de prensa celebrada esta mañana.
Los populares han explicado que Ávila ha llevado a cabo una nueva tropelía para tratar de “repartirse el botín”, a lo que según el PP se dedica desde que es alcalde de la capital. En este caso, le han acusado de tejer toda una trama incurriendo en una posible prevaricación para enchufar a cinco personas afines al PSOE en el Centro de la Mujer que el ayuntamiento gestiona ahora gracias a una subvención de la Junta.
El portavoz del PP ha indicado que desde que la empresa concesionaria anterior decidió no volver concurrir al proceso iniciado por la Junta, Ávila inició toda una estrategia para intentar enchufar en el ayuntamiento a los trabajadores contratados por dicha empresa. Primero, como ya denunció el PP, ideando un proceso de selección viciado que la JCCM paralizó enviando un requerimiento que garantizara los criterios de mérito, igualdad y capacidad, tal y como se contempla en todas las administraciones públicas.
Los trabajadores por su parte denunciaron al Ayuntamiento y a la empresa para que fueran readmitidos. En el mes de julio se conoció esa sentencia que daba a elegir al Ayuntamiento entre “readmitir” a los trabajadores o indemnizarlos. Las razones que esgrime el juez para hablar de readmisión con trabajadores que nunca estuvieron vinculados al Ayuntamiento se basan en lo que se denomina “sucesión de empresa”, esto es que habría quedado demostrado que la empresa anterior dejó de prestar el servicio y el ayuntamiento como nueva empresa habría comenzado a prestar este mismo servicio. Algo que queda plasmado según la sentencia en la sucesión de correos electrónicos de la concejala de Servicios Sociales, Ana de la Hoz, en los que advertía en varias ocasiones sobre el traslado de mobiliario del que disponía el centro de la mujer. El juez indica que es precisamente este traslado uno de los elementos fundamentales que demuestra que ha habido sucesión de empresa.
El Grupo Popular considera que los socialistas sabiendo de antemano que existía jurisprudencia que daba la razón a los afectados si se demostraba este tipo de traslado de patrimonio, fueron “dejando pistas” para que la sentencia se pronunciase en este sentido. Hay que indicar, según han indicado los populares, que el mobiliario no se ha utilizado para el centro de la mujer, lo que “demostraría que los correos solo eran señuelos para dirigir al juez en su sentencia”.
Para los populares se podría haber cometido prevaricación puesto que el alcalde habría tomado la decisión de readmitir a los trabajadores sin ni siquiera recurrir la sentencia, sabiendo que la propia Junta de Gobierno había desestimado una reclamación previa a la vía judicial amparándose en que efectivamente no había relación laboral alguna con estos trabajadores.
Desde el PP apuntan además que podría haber prevaricación puesto que recientemente en otras dos sentencias que obligaban al ayuntamiento a admitir a dos trabajadores despedidos o a indemnizarlos según el criterio de estos, el Ayuntamiento tuvo que readmitirlos como fue su deseo, pero en el mismo acto de readmisión Ávila dictó su cese. Por ello, consideran que se ha producido una diferencia en el trato de unos y otros trabajadores, máxime además si tenemos en cuenta que estos dos habían pasado procesos de selección y los cinco del Centro de la Mujer no.
