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UN ENCIERRO JUSTIFICADO

El reciente hallazgo, por nuestro Grupo, de nuevas obras e infraestructuras aprobadas de tapado con cargo a los remanentes del Plan Regional de Instalaciones Deportivas son la gota que colma el vaso de la indecencia política.

A lo largo del actual mandato, el Grupo Popular en la Diputación ha denunciado y ha demostrado la arbitrariedad con la que los socialistas castellano manchegos reparten ayudas y subvenciones a los ayuntamientos. No se nos olvida el reparto discriminatorio que hicieron del Fondo Regional de Cooperación Local (FORCOL), bienio 2008-2009, y que fue duramente criticado por los alcaldes de las tres capitales de la región gobernadas por el Partido Popular.

Si las convocatorias de ayuda, con unas bases y unos criterios de reparto comunes, se prestan a ese tipo de política que todos los ciudadanos condenan, no digamos en que pueden convertirse los convenios en manos de unos diputados tan sectarios como el equipo de ediles socialistas que manejan a su antojo y sin sonrojo la Diputación provincial de Cuenca. Los convenios son el caldo de cultivo de su política descaradamente discriminatoria y vengativa contra determinados alcaldes y ayuntamientos.

De nada vale que una Orden de Barreda establezca la documentación, los requisitos y los compromisos que deben asumir los ayuntamientos, y que fije las prioridades y criterios a valorar para elegir las infraestructuras como: población, ubicación geográfica, demanda real, usuarios, polivalencia de uso, presencia de clubes deportivos, etc.

De nada vale que los municipios de la provincia constituyeran un Consorcio de Infraestructuras Deportivas de la Provincia de Cuenca, como entidad aglutinadora del interés general y decidieran que su Junta General es la competente para acordar la construcción, reforma o gestión de las instalaciones deportivas contempladas en el citado Plan. Ni que la Ley del Deporte de C-LM disponga que las funciones de las Diputaciones provinciales son de cooperación, colaboración y de coordinación con los municipios.

El Plan inicial, que quedó rematado en enero de 2007, contemplaba que el 79,7% (25,8 millones de euros) de las inversiones fueran a los ayuntamientos gobernados por el PSOE, que eran el 53,4% de los de la provincia. Pero estos son datos estadísticos, pues se supone que no hubo un reparto político y que entonces se respetaron los criterios legales del Plan.

A día de hoy, todavía desconocemos la cuantía de cada una de las 107 actuaciones con cargo a los remanentes, pues se nos ha negado esa información y nos han ocultado el listado adjunto a la Resolución del Director General del Deporte que sustituye al convenio original. El escándalo podría aún ser mayor y el 90/10 quedarse corto.

Estos que nos gobiernan en la Diputación provincial de Cuenca han actuado una vez más como sólo ellos saben, saltándose a la torera la normativa y actuando al margen del Consorcio y de los ayuntamientos. Han usurpado claramente sus competencias al proponer obras y nuevas instalaciones sin cumplir los trámites legales ni darse cuenta de que ellos son una parte y no el todo. Es más, cuestiono la legalidad de ese proceder y la validez de los acuerdos.

En menos de dos años, Sr. Ávila, usted ha echado por tierra sus compromisos de gobierno. Ahora, su transparencia en la gestión ha quedado en agua de borrajas.

Esto es un ESCÁNDALO Sr. Ávila. A usted se le acumulan las sentencias y escándalos en su contra. Márchese.


Ángel Mariscal
Viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Cuenca.

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