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Montserrat Martínez: “El PP siempre ha garantizado el derecho fundamental a la Educación”

| 21-01-2016

Para explicar lo que ha sucedido en Castilla-La Mancha estos cuatro años de gobierno popular hay que partir de la situación que encontró el gobierno del PP en 2011: la región con más déficit de España (7,8 %), la segunda comunidad autónoma del país  más endeudada y 4.000 millones de euros en facturas sin contabilizar y sin pagar en los cajones.

 

Partiendo de esta ruina económica y haciendo uso de un gran sentido de la responsabilidad, el Gobierno del Partido Popular tuvo que tomar medidas duras y difíciles, que para nadie son agradables de tomar, pero que sirvieron para garantizar los servicios sociales básicos y en este caso el derecho fundamental a la educación recogido en el artículo 27 de la Constitución de 1978, y además han hecho que hoy podamos hablar de recuperación económica.

 

Estos esfuerzos también afectaron a la comunidad educativa, de tal manera que los docentes tuvieron que impartir tres horas lectivas más y los equipos directivos tuvieron que  gestionar eficazmente sus centros con menos recursos económicos y personales. Lo cierto es que supimos hacerlo, valorando lo importante que es una buena gestión del dinero público y además, la enseñanza pública no sólo se garantizó, sino que se avanzó en algunos temas en aras a conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza.

 

Si no hubiésemos tenido que pagar más de un millón de euros al día (incluidos los fines de semana y multiplicados por cuatro años) por las deudas que dejó el gobierno del PSOE, imagínense los millones de euros que se habrían podido dedicar a prestaciones y servicios para todos los castellano manchegos, incluida la educación, la sanidad, la dependencia…

 

La senadora Galiano miente cuando afirma que se despidieron a docentes. Si cada docente imparte (porque seguimos igual) tres horas lectivas más a la semana, esto implica que solo se contrataron a los docentes interinos necesarios y, además, ninguna enseñanza se dejó de impartir y ningún alumno con derecho a enseñanza obligatoria quedó privado de ella.

 

También es necesario que se sepa que durante el último mandato del gobierno socialista las inversiones en equipamiento de Formación Profesional fueron muy escasas, teniendo en cuenta que era un periodo donde se afirmaba que no había crisis. Las dotaciones por cambios de ciclos formativos de LOGSE a LOE no llegaron a muchos centros, de tal manera que se impartía clases de Informática o de Administración con ordenadores obsoletos, por poner un ejemplo. Entonces ¿por qué el Gobierno socialista no dotó suficientemente  a algunos  centros de equipamiento  para impartir docencia en los ciclos formativos cuando estaba obligado a hacerlo?

 

Y esto lo cuestiono porque hablo con conocimiento de causa, no hay más que visitar los centros de Cuenca y ver las instalaciones y el equipamiento de las Familias Profesionales para saber si de lo que hablo es cierto. Eso sí, de repente en el año 2011 todo fueron exigencias cuando se sabía positivamente que los recursos eran escasos.

 

Desde aquí tengo que reconocer la profesionalidad y el esfuerzo  de los  docentes, que conscientes de la situación han realizado su trabajo ajustándose a los recursos disponibles y únicamente pensando en lo mejor para su alumnado.

 

Respecto a las infraestructuras, le recuerdo a la senadora Galiano que quién trasladó el IES ALFONSO VIII al Nº 7 fue el gobierno socialista. El mismo que engaño a la comunidad educativa en el proceso de adscripción del IES San José y que todavía alumnos y padres están sufriendo; el mismo que dejó obras sin acabar  (colegio La Paz, IES Alfonso VIII, polideportivo del IES Pedro Mercedes, e incluso el mismo IES Pedro Mercedes que afirmaron que lo harían nuevo en época de bonanza económica y no movieron ni una piedra, sólo distrajeron a la comunidad educativa  con discusiones sobre su posible ubicación).

 

Por ello, quien gobierna ahora es el que está obligado a solucionar los problemas  porque los perjudicados son el alumnado, el profesorado y toda la comunidad educativa, por no decir los viandantes de las inmediaciones del IES Alfonso VIII donde la valla protectora amenaza con provocar algún accidente.

 

Respecto al IES Pedro Mercedes, del que he sido directora durante los tres últimos cursos, cuando la senadora Galiano habla del “silencio cómplice”, le diré que me siento muy orgullosa de haber dirigido este centro, con menos recursos económicos y materiales de los que dispusieron equipos directivos anteriores, y donde garantizar el derecho a la educación ha sido mi principal objetivo y por el que he luchado para que mejorase siempre, reivindicando donde procedía la mejora del mismo. En este sentido, y con el apoyo de la administración educativa, conseguimos que el Consejero de Educación se interesase por el problema del polideportivo y en enero de2015 se adjudicó la redacción del proyecto de reforma del mismo. Aparte de si la cantidad necesaria son 200.000 o 325.000 €, no vale  ya con decir que no había dinero consignado. Es solo cuestión de voluntades, ¿había partida presupuestaria para la apertura de escuelas rurales? ¿O solo hay dinero para lo que interesa y da réditos electorales?

 

Respecto a los seis primeros meses de Gobierno de Page, podemos resumirlos claramente en cuatro palabras: destrucción, mentiras, caos e incertidumbre.

 

La primera, destrucción. Han desaparecido sin dar explicaciones el PROGRAMA MÁS ACTIVA que fomentaba la actividad física y el deporte, así como un estilo de vida saludable, el PROGRAMA MOCHILA DIGITAL que impulsaba el uso de recursos educativos digitales y el PROGRAMA DE ALTAS CAPACIDADES, que como experiencia innovadora se llevaba a cabo en algunos centros. Y también nos preguntamos qué ocurrirá con el PROGRAMA DE BILINGÜISMO Y CON EL BACHILLERATO DE EXCELENCIA.

 

La segunda, mentira. La senadora Galiano afirma que el gobierno Page-Podemos ha bajado la ratio, algo absolutamente falso porque la ratio la bajó el Gobierno de la presidenta Cospedal en mayo de 2015; la socialista habla de las ayudas para compras de libros de texto cuando estas las convocó el gobierno de  la presidenta Cospedal en mayo de 2015(Orden de 28/5/2015); y alude a la contrataciones de interinos, cuando los docentes nuevos contratados han sido los que ya estaban previstos por el Gobierno de la presidenta Cospedal y que se derivan de las nuevas enseñanzas como los segundos cursos de la Formación Profesional Básica, y los cupos en Secundaria, que llegaron a los centros sin ningún recurso extra.

 

Tercera, caos. Numerosos ejemplos: graves errores en el baremo del concurso oposición, de los que por el momento nadie ha asumido responsabilidades; graves errores en las adjudicaciones de interinos a inicio de curso, con adjudicaciones donde no había vacantes; falta de nombramiento de profesores, que en algunos casos ha llegado a prácticamente dos meses después de iniciar el curso; la no cobertura de las bajas del profesorado hasta pasados al menos 15 días cuando el curso pasado las vacantes  ya se cubrían a la semana; y la falta de normativa esencial al inicio de curso, como la de evaluación de bachillerato por lo que los alumnos repetidores de bachillerato a inicio de curso no sabían si debían repetir todo el curso o solo las pendientes.

 

Y por último, la incertidumbre. El Gobierno de Page dudaba sobre si aplicarían o no la LOMCE en Castilla-La Mancha, por lo que las familias decidieron no  comprar los libros de texto hasta que no se aclarase la situación, las editoriales  se pararon y el resultado fue que empezó el curso, se aplicó la LOMCE y algunos alumnos pasado un mes aún no tenían libros de texto. Y la incertidumbre se sigue porque a estas fechas los centros aún no saben cuál va a ser la cantidad que les asignarán para los gastos de funcionamiento, sería interesante conocer cuál va a ser el incremento de esta partida, si lo hay.

 

Después de la lectura de este escrito deben ser los lectores los que decidan quien ha garantizado el derecho a la educación en Castilla-La Mancha  y quién hace demagogia de algo que la LOMCE reconoce como arma para combatir la desigualdad.

 

Montserrat Martínez González

Senadora del Partido Popular por la provincia de Cuenca.

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