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Prieto: “La Junta se limita a aportar el 7% y deja a Diputaciones y Ayuntamientos que soporten el peso del Plan de Empleo”

• El presidente de la Diputación insiste en reclamar al Gobierno regional un compromiso real con el Plan de Empleo incrementando de manera considerable su aportación financiera para minimiza la carga económica que supone para los Ayuntamientos

Ante las críticas vertidas desde las filas socialistas a raíz del anuncio de la Diputación conquense de retirar su aportación al Plan Extraordinario de Empleo de Castilla-La Mancha por la gestión “unilateral y excluyente” ejercida desde un principio por el Gobierno castellano-manchego, el presidente de la institución provincial, Benjamín Prieto, ha insistido en recordar que “la Junta se ha limitado a aportar el 7% con fondos propios y ha dejado a Diputaciones y Ayuntamientos que soporten el peso de este Plan de Empleo”. Y lo ha hecho, apunta el presidente, “mientras no ha dudado en abanderar este plan como suyo desde un principio hablando de una aportación del 53%, sin aclarar que la gran mayoría corresponden a fondos europeos, concretamente del Fondo Social Europeo (FSE).

Es por ello que Prieto ha reclamado al Ejecutivo de García-Page un “compromiso real” con el Plan de Empleo, incrementando de manera considerable su aportación financiera para minimizar, por un lado, la carga económica que supone para los Ayuntamientos de la provincia y, por otro, cubrir, incluso, los costes de los materiales necesarios para el desarrollo de esta iniciativa. Y es que, ha indicado, no se puede olvidar que la Junta de Comunidades es el organismo competente en esta materia de empleo y no se puede consentir que impongan al resto de instituciones a que asuman el esfuerzo que ella debería de afrontar.

En este sentido, el presidente ha recriminado la “doble vara de medir” que parece tener el Gobierno autonómico en materia de empleo, porque, “mientras exige a la Diputación de Cuenca que asuma casi la mitad de la inversión de este plan en la provincia (en torno a 2 millones de euros), se dedica a rechazar el 90 por ciento de los talleres de empleo solicitados por la institución conquense, y, además, no solo en una convocatoria, sino en dos consecutivas, no permitiendo contribuir a esta Diputación a la creación de empleo y formación de los desempleados para facilitar su inserción en el mercado laboral”.

Reacción socialista
Del mismo modo, no ha pasado por alto la protesta de este miércoles a las puertas de la Diputación de alcaldes y concejales socialistas de la provincia en contra de la retirada del apoyo de la institución al Plan de Empleo. De hecho, se ha planteado algunos interrogantes como “¿por qué no protagonizan una protesta similar a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional e institución que menos ha aportado a este Plan de Empleo que tanto defiende? ¿Quizá sea porque tengan alguna prohibición expresa de manifestarse frente al Palacio de Fuensalida o alguna Dirección Provincial de la Junta?”. De ahí que les haya invitado a repasar las cuentas del Plan de Empleo para comprobar que el Gobierno autonómico es quien menos aporta y a quien deben de pedir para conseguir lo mejor para sus pueblos.

En esta línea, Prieto no ha dudado en rechazar de plano las declaraciones tanto del vicepresidente del Ejecutivo de García-Page, José Luis Martínez Guijarro, como del portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Joaquín González Mena, en las que hacen mención a los 19 millones de remanente de tesorería de esta institución como argumento para no retirar el apoyo de esta Diputación al Plan de Empleo. Y es que, tal y como matiza, “no parecen recordar, o quizá prefieren no recordarlo, que no se puede disponer de esos fondos porque así lo estipula la legislación presupuestaria vigente, por lo que todo indica que se trate, una vez más, de una nueva estrategia socialista para confundir a la opinión pública moldeando la realidad a su antojo”.

En definitiva, Prieto espera que el Gobierno regional sea consecuente con su papel en materia de empleo y acceda a asumir sus compromisos financieros en la medida de sus responsabilidades, descargando a otras instituciones con una capacidad presupuestaria mucho menor.

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